El decreto firmado por Claudia Sheinbaum obliga a las plataformas digitales a retirar materiales que promuevan conductas dañinas, verificar la edad de los usuarios y reforzar la supervisión parental. La medida abrirá un debate sobre la protección de la infancia y la libertad de expresión.
México dio un paso hacia una mayor regulación de las redes sociales al prohibir que niños y adolescentes menores de 18 años estén expuestos a contenidos violentos, sexuales o que promuevan conductas perjudiciales. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los menores en internet.
La disposición contempla la eliminación de contenidos que promuevan el discurso de odio, la violencia extrema, el abuso, la violencia sexual, el ciberacoso, la violencia escolar, los trastornos alimentarios y otras conductas que puedan poner en riesgo el bienestar de los usuarios jóvenes.
Entre los materiales sujetos a regulación también se encuentran las publicaciones que promuevan el suicidio y las autolesiones deliberadas, así como el contenido sexualmente explícito.
Plataformas deberán reforzar sus medidas de seguridad
El decreto establece que las empresas de redes sociales deberán retirar de manera inmediata los contenidos o las cuentas que promuevan la violencia, además de implementar mecanismos para verificar la edad de sus usuarios.
Las compañías también tendrán que ofrecer herramientas de supervisión parental, habilitar mecanismos accesibles para denunciar publicaciones dañinas y mantener un punto de contacto disponible las 24 horas para atender solicitudes de las autoridades.
Asimismo, deberán notificar de inmediato a las instancias correspondientes cuando detecten materiales que representen un peligro para la vida.
La medida no entrará en vigor hasta dentro de un mes, periodo en el que las plataformas podrán realizar los ajustes necesarios para cumplir con las nuevas disposiciones.
Sheinbaum afirmó que su gobierno sostuvo reuniones con representantes de empresas tecnológicas y aseguró que estas manifestaron disposición para colaborar, aunque solicitaron tiempo para adaptar sus sistemas.
La mandataria también advirtió que su administración supervisará el cumplimiento del decreto y que, en caso de detectar incumplimientos, podría impulsar una legislación que contemple sanciones.
Gobierno vincula la medida con la seguridad escolar
La presidenta explicó que la decisión responde, entre otros factores, a recientes episodios de violencia en centros educativos y a la presunta utilización de plataformas digitales para mantener comunicaciones relacionadas con estos hechos.
Durante sus declaraciones, mencionó un ataque ocurrido a principios de octubre en una escuela secundaria del norte del país, en el que un subdirector perdió la vida y otras personas resultaron heridas.
También relató el caso de un estudiante que habría hablado sobre llevar un arma a la escuela, situación que llevó a las autoridades a localizar una pistola en su domicilio.
De acuerdo con Sheinbaum, estos acontecimientos muestran la necesidad de prestar mayor atención a las interacciones digitales de los jóvenes y a los riesgos que pueden surgir en estos espacios.
Por su parte, José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó previamente que la iniciativa se enfocaría en el contenido de acceso público y en agilizar su eliminación.
La asesora jurídica del gobierno, Luisa María Alcalde, defendió la medida al señalar que se sustenta en disposiciones legales existentes que reconocen el derecho de niñas, niños y adolescentes a un acceso seguro a internet.
Empresas tecnológicas, bajo mayor presión
La nueva regulación se suma a una tendencia internacional en la que distintos gobiernos han comenzado a establecer mayores controles sobre el acceso de los menores a las redes sociales.
Países como Australia, Reino Unido y Francia han impulsado medidas relacionadas con la verificación de edad y la protección de usuarios jóvenes. En Estados Unidos, diversas iniciativas estatales también han generado controversias legales.
Empresas como Google, TikTok, X y Apple fueron mencionadas en relación con las nuevas disposiciones, aunque no emitieron comentarios en respuesta a las solicitudes realizadas el miércoles, según la información proporcionada.
Microsoft declinó pronunciarse, mientras que Meta manifestó que comparte el objetivo de crear un entorno digital más seguro para los adolescentes mexicanos.
La compañía, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, señaló que continuará colaborando con el gobierno y destacó las herramientas de supervisión parental y las restricciones de contenido disponibles en sus servicios.
Especialistas cuestionan la legalidad del decreto
Pese al objetivo de proteger a los menores, la medida también ha generado preocupación entre especialistas en derechos digitales, quienes advierten sobre posibles riesgos para la libertad de expresión y la eliminación de publicaciones sin suficientes garantías legales.
Vladimir Chorny, investigador y experto jurídico de la organización mexicana R3D, cuestionó que el decreto pueda utilizarse como fundamento para retirar contenidos sin una resolución judicial cuando esta sea necesaria.
El especialista sostuvo que la legislación sobre los derechos de la infancia establece obligaciones de protección, pero eso no significa que permita censurar publicaciones de manera indiscriminada.
Como alternativa, planteó la necesidad de construir una regulación mediante el debate público, que obligue a las plataformas a transparentar el funcionamiento de sus algoritmos y a rendir cuentas sobre sus decisiones.
Chorny también consideró importante fortalecer la autonomía de niñas, niños y adolescentes para que puedan identificar los contenidos perjudiciales, además de revisar los modelos de negocio y los diseños de las plataformas que incentivan el uso prolongado.
Un mes para preparar su implementación
Con el decreto firmado, el gobierno mexicano inicia una nueva etapa en la regulación de los contenidos digitales dirigidos a menores de edad. La aplicación de las disposiciones pondrá a prueba la capacidad de las empresas para identificar publicaciones dañinas, verificar edades y responder con rapidez a las solicitudes de las autoridades.
Sin embargo, el alcance de las medidas y su compatibilidad con las garantías constitucionales podrían convertirse en el centro de una discusión jurídica y política.
El desafío para México será encontrar un equilibrio entre la protección de la infancia, la responsabilidad de las empresas tecnológicas y el respeto a los derechos digitales, en un contexto en el que las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de millones de jóvenes.
